El reciente decreto de re-nacionalización de la industria del gas y el petróleo boliviano nos servirá como ejemplo ilustrativo de la peculiar interpretación del concepto de propiedad privada, que los poseedores del poder del estado rutinariamente ponen en práctica. Nos servirá además para aclarar algunas confusiones que rondan la mente de lectores de El Liberal Venezolano respecto a la legitimidad o arbitrariedad de la propiedad privada.

Comencemos por definir lo que entendemos por propiedad privada. Decimos que una persona es propietaria de un bien cuando esta tiene control exclusivo sobre dicho bien. Y cuando decimos exclusivo queremos decir que el propietario están en capacidad de excluir a terceros del uso o control del bien en cuestión. Por ejemplo, una persona que es dueña de una bicicleta debe ser capaz de controlarla (lo cual no quiere decir que deba ser hábil en su manejo) y debe además ser capaz de excluir a otros de su uso. De acuerdo a esta definición, tendríamos toda la razón en considerar como absurda a cualquier persona que se proclame dueña de estrella Alfa Centauri, por ejemplo, puesto que dicha persona no tiene control sobre al mencionada estrella, ni puede excluir a otros de su uso (por ejemplo, de contemplar la luz que de ella proviene).

Sin embargo, el concepto de propiedad posee otra dimensión, además de la relacionada con el control exclusivo de los bienes, la dimensión de la legitimidad. Consideraremos una determinada posesión como legítima si esta ha sido adquirida sin recurrir a la violencia o al fraude. Así, un ladrón que se roba un reloj, por ejemplo, toma posesión y control de él y, sin embargo, consideramos que el propietario legítimo del reloj es el dueño original, a quien le fue arrebatado por la fuerza o mediante un fraude por el ladrón. En estos casos, el dueño legítimo está en su derecho de recuperar su propiedad a través de los medios que sean necesarios. De acá se desprende que la única forma legítima de transferir títulos de propiedad es mediante el acuerdo voluntario de las partes involucradas. Cuando una de las partes recurre a la violencia o al fraude, la víctima está en su derecho de exigir una indenmización acorde. Pero además de eso, también se desprende que un contrato en el que dos o más partes entraron de manera voluntaria no puede ser roto unilateralmente, puesto que esto implica que al menos uno de los participantes en el contrato no ha consentido su terminación y, por lo tanto, que sus derechos están siendo violados.

En vista de las consideraciones anteriores, analicemos los recientes movimientos hacia la re-nacionalización de industrias minerales en latinoamérica (en Bolivia, ya es la tercera vez que se hace lo mismo). Lo primero que se debe notar es que el estado es el único ente en la sociedad con el poder de terminar contratos unilateralmente y fijar nuevas condiciones, tan caprichosas como le parezcan, sin importar el parecer de la otra parte en dichos contratos. Evidentemente, esto lo puede hacer porque cuenta con el monopolio de la fuerza, de la violencia. El resto de los mortales tiene que renegociar. Esto hecho se puso evidencia de manera patente con la toma de las instalaciones y campos gasíferos controlados por las empresas transnacionales.

Basta un ejemplo de la vida cotidiana: suponga que usted es propietario de un apartamento y decide alquilarlo por, digamos, 800 mil bolívares mensuales. A tal efecto, usted y el inquilino firman un contrato que estipula las condiciones bajo las cuales usted está cediendo el uso temporal de su propiedad. Digamos que el contrato es por dos años. Después del primero año, a usted se le ocurre que 800 mil bolívares es muy poco y que quiere más. Usted no puede llegar a lo "mero macho" y exigirle a su inquilino que le pague de ahora en adelante el doble de lo convenido. Sería necesario que ambos renegociaran el contrato, pero en todo momento, ambos deben cumplir las condiones que fueron estipuladas voluntariamente al firmar. Así es como actúa la gente civilizada.

El estado no. A los dirigentes del estado se les ocurre un buen día que los términos y condiciones que sus predecesores acordaron anteriormente ya no son de su agrado y unilateralmente deciden que se van a apoderar de todos los recursos en cuestión y si al afectado no le gusta, pues se va y no regrese más. Al ministro de minas boliviano hasta se le ocurrió la buena idea que a las compañías que se atrevan a demandar indenmizaciones en cortes internacionales no se les permitirá operar más en el país.

Algo similar ocurre con el nuevo arrebato sube-impuestos de Chávez, a quien así no más un buen día decidió que las petroleras tenían que pagar más impuestos y a las que no les gustara, pues que se fueran por donde se regresaron.

Si bien el estado ha actuado en estos casos como un buen salvaje (recuerde las palabras de Adam Ferguson), vale la pena preguntarse qué tan legítima es la propiedad de las corporaciones que explotan el petróleo y el gas en Bolivia o en Venezuela. Estas compañías operan "concesiones" otorgadas por los gobiernos para explotar los yacimientos de hidrocarburos. Las mencionadas concesiones pueden ser vistas como especies de contratos de alquiler: el estado le alquila a la empresa una determinada extensión de terreno, para que esta extraiga el mineral allí contenido y esta le paga al estado el "aquiler" en forma de "regalías" e impuestos. Pero para poder alquilar un terreno primero se debe ser su dueño. ¿Y de dónde saca el estado que él es el dueño de los yacimientos? Bueno, básicamente se lo saca de la manga. El estado se declara unilateralmente dueño de todas las tierras, del subsuelo, del espacio aéreo, de los ríos, los lagos y del mar territorial (véase por ejemplo el artículo 11 de la constitución venezolana). El estado invoca el poder otorgado por el pueblo, para proclamarse dueño, esencialmente, de todo el territorio de la república. Pero, aun cuando realmente el pueblo le hubiese dado ese mandato a la asamblea constituyente (y ese no es el caso), ¿qué derecho tiene el "pueblo" para disponer de las tierras que no le pertenecen?

Para comprender mejor lo absurdo de la posición estatista, imagine que un buen día los vecinos suyos se reúnen y democráticamente deciden que su casa pasa a ser propiedad pública. Los vecinos seguramente habrán hecho una votación y por mayoría determinado que su casa es ahora del pueblo. Muy democrático, es cierto. ¿Pero con qué derecho? Bueno, admitamos simplemente que ninguna asamblea, por muy numerosa o representativa que sea, tiene el derecho para arrebatarle tierras, o cualquier otra cosa, a sus legítimos propietarios. Al actuar de esa manera, el gobierno democrático sigue su propia naturaleza de malandro de barrio. Pero eso es algo que no nos extraña para nada.

De lo anterior se desprende que, precisamente porque el estado no puede ser propietario legítimo de todos los recursos minerales del país, las compañías petroleras están igualmente usurpando un recurso que no les pertenece y al que no tienen derecho. Para decirlo en términos sencillos, las compañías petroleras están alquilando un terreno robado.

En conclusión, ni el estado, ni las compañías petroleras tienen un derecho legítimo a las tierras que explotan y de las cuales se benefician. Las tierras y, con ellas, los recursos que contienen deberían ser devueltas a sus propietarios originales a quienes les fueron arrebatadas por el estado, por la vía de expropiaciones por "razones de utilidad pública", o en su defecto a sus descendientes directos o herederos legítimos.

Sólo así se podrá hacer verdadera justicia.

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