En una sorprendente decisión, el tribunal 2° de primera instancia en materia de violencia contra la mujer, a cargo de la jueza Rosa Margiotta Goyo, falló el pasado viernes a favor de CEDICE evitando así la prohibición de la difusión por los medios de comunicación de la propaganda en contra de la ley de propiedad social, que buscaba la fiscalía.

La cuña, que sacó de quicio a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, hasta el punto que furiosamente está pidiendo crear una nueva ley de "delitos mediáticos" para castigar a aquellos que se atrevan a retar al ortodoxia chavecista en los medios de comunicación, ganó una pequeña batalla contra Leviatán el pasado viernes, pero la guerra por la libertad de expresión continúa, pues los fiscales del ministerio público han apelado la sentencia, argumentando que la jueza de primera instancia no explica claramente la razón por la que adoptó tal resolución.

Pero resulta que la jueza sí explica su decisión: en la sentencia inicial la jueza Margiotta Goyo indica que de momento no existe una ley de delitos mediáticos que castigue los mensajes publicitarios en cuestión, por lo que no podía pronunciarse sobre la materia.

El argumento original de la fiscalía es absurdo: según ellos, la pauta publicitaria viola los derechos de la mujer a una vida libre de violencia por razones de género. Se debe tener una razonamiento bien retorcido, o no haber visto la propaganda, para argumentar que esta promueve la violencia contra la mujer, cuando de hecho, el tema de la cuña es la defensa de un derecho fundamental de la mujer —y de cualquier otro ser humana— como lo es el derecho a la propiedad privada.

Usted puede argumentar que la cuña es errónea o manipuladora en cuanto a la percepción de los peligros que representa la futura aprobación de la ley de propiedad social, pero ese es otro tema completamente diferente y que puede discutirse abiertamente con argumentos (como incluso al menos un comunista afirma) y no con la amenaza de la violencia institucionalizada.

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