La constitución venezolana prohibe, en teoría, la pena de muerte. Sin embargo, en la realidad cada año mueren cientos de personas en cárceles venezolanas. Muchos de ellos sin siquiera haber sido condenados por un crimen. El sistema judicial y penitenciario condena a muerte de facto, con su ineficiencia, injusticia, hacinamiento y corrupción. Todo esto es consecuencia del énfasis en el castigo y encarcelamiento que el sistema estatista de justicia hace, en contraste con el énfasis natural en la prevención y la restitución a la víctima que un sistema liberal libertario haría.

El Observatorio Nacional de Prisiones, una organización de derechos humanos venezolana acaba de divulgar su informe anual, en el que se reporta que durante el año 2005 murieron 408 reclusos a causa de la violencia carcelaria. Durante el 2004 la cifra fue de 327 muertes. Después de siete años de gobierno y de casi 5 décadas de democracia los signos de decadencia en las cárceles son cada vez peores. Y eso es sólo lo que aparece en la prensa.

Las fallas inherentes al sistema de justicia estatista

¿Por qué el sistema judicial y penitenciario actual es una máquina asesina y cómo podemos cambiarlo para que cumpla su suspuesta función de proteger a la víctima y hacer rectificar al criminal?

El sistema judicial estatista es un desastre sencillamente porque quienes lo manejan no están expuestos a la estructura de incentivos adecuada. La persona o grupo en posesión del monopolio de la jusiticia y las cárceles (el gobierno) no tiene ningún interés en ofrecer un mejor servicio, a un mejor precio y más humano. Después de todo, su condición de monopolista le garantiza que pase lo que pase, la víctima debe acudir a él por su protección. Más aun, el monopolista de la justicia no tiene ningún incentivo en prevenir los actos criminales ya que, a diferencia de una compañía de seguros que debe pagar a la víctima de un evento asegurable, el estado no compensa de ninguna manera a las víctimas de crímenes. Por el contrario, una vez que el crimen se produce y el criminal es capturado, la víctima es castigada doblemente pues el estado le obliga a pagar por la manutención y cuidado (deficiente, eso sí) de su victimario puesto en prisión. Y careciendo de señales apropiadas para conocer si está actuando racionalmente -señales normalmente provistas en el mercado por el sistema de precios y de ganancia y pérdida- el estado está condenado a despilfarrar recursos en ciertas áreas o a sub-invertir en otras.

Finalmente, como el preso es una persona políticamente insignificante (la población carcelaria ejerce poca o ninguna influencia en las elecciones) y como todas las decisiones en un estado democrático deben ser tomadas considerando efectos políticos visibles e inmediatos (porque son los que más votos generan), en contraposición a efectos económicos o humanos sutiles y de largo plazo, la población penitenciaria está destinada al olvido de los políticos y de los "grupos de interés".

Todos estos factores confluyen para hacer del sistema judicial venezolano uno de los peores del mundo, por su lentitud, ineficiencia, injusticia y corrupción. ¿Cómo podemos cambiar un sistema tan inhumano? ¿Cuáles son las alternativas?

La mayoría de las opiniones que usted leerá o escuchará sobre el tema en Venezuela seguramente implican que el estado haga más y mejores inversiones en la infraestructura carcelaria, que se le pague mejor a los jueces y policías para evitar la corrupción y cosas por el estilo. Al final, estas opiniones coincidirán en que su resultado será otorgarle más poder al estado y, en consecuencia, agravar el problema que pretnden solucionar.

La solución liberal libertaria

La solución liberal libertaria es radicalmente diferente. En primer lugar, implica un cambio en el énfasis (como ya adelantamos al principio) hacia la restitución a la víctima (como se hacía en épocas antiguas, cuando el estado era menos poderoso). Esto quiere decir que en vez de buscar al criminal y meterlo preso, y con ello castigando a la víctima doblmente, lo que debe hacerse es forzar al criminal a pagarle a la víctima por los daños que le ha causado con su crimen. Para ello, obviamente no es útil encerrar el criminal en un hueco de ratas. Si al criminal se le diera la opción de compensar a la víctima trabajando para resarcir los daño que le causó, dudo que muchos de ellos opten por ir a una oscura y peligrosa cárcel. Pero aun cuando el criminal decidiera ir a la cárcel, sería injusto que su víctima deba mantenerlo por n cantidad de años. Lo lógico y justo sería entonces que se obligue a los presos a trabajar, para producir al menos lo necesario para cubrir su manutención y los costos asociados con su estadía en prisión. De plano, estaríamos reduciendo la población penitenciaria drásticamente y corrigiendo la injusticia que se comete con la víctima de crímenes.

En segundo lugar, se debe corregir la falla económica esencial del sistema, un sistema socialista en esencia. Como todo socialismo, el socialismo penitenciario es incapaz de saber si está haciendo un buen trabajo, si está gastando demasiado o poco, si lo hace eficientemente o despilfarra. En el sentido económico, cada vez que se pone un recurso en manos del estado, lo que estamos haciendo es navegar en la oscuridad sin brújula y sin GPS. Y esto es así porque el gobierno no opera bajo el pricnipio de la ganancia y la pérdida. En el mercado libre, un empresario sabe cuando está haciendo un buen trabajo: si está obteniendo ganancias puede estar seguro que está complaciendo efectivamente los deseos de los consumidores. Si está generando pérdidas, esta es una señal de que algo anda mal y que los clientes lo abandonan: será necesario un cambio en el rumbo o pronto nuestro empresario enfrentará la temida bancarota. El estado es inmune a esta medicina, porque siempre puede extraer tnt riqueza de los bolsillos de los contribuyentes como quiera. No hay ganancias, no hay pérdidas. Pase lo que pase, el presupuesto del siguiente año está más o menos garantizado. De hecho, si se está fracasando lo más seguro es que el ministerio pueda convencer al electorado de que la solución es inyectar más dinero en el foso.

De manera que hay que sacar al gobierno del negocio de proporcionar justicia y seguridad. ¿Cómo funcionaría un sistema privado de seguridad y justicia? Brevemente, en primera instancia no existiría monopolio de las armas, cada ciudadano podría optar por defenderse a sí mismo. Esto sería ya un elemento disuasivo de la acción delictiva. En segunda instancia, las personas que así lo deseen podrían contratar los servicios de agencias de seguridad privadas. Estas agencias operarían con el objetivo de ganar dinero. El producto que ofrecerían sería la prevención del delito, ya sea violento o mero fraude. Para ello deberán establecer contractualmente reglas claras en cuanto a la relación cliente-agencia (algo que está completamente ausente en el sistema estatista), puesto que agencias con procedimientos o reglas engorrosas y burcráticas tenderán a perder clientes en favor de agencias con procedimientos y reglas claras y eficientes.

Cuando la prevención del crimen no fuese posible, la agencia de seguridad estará en la obligación de pagar compensación a la víctima (¿contrataría usted una agencia que al fallar en su promesa de prevenir el crimen le diga que además de eso los costos de la agresión los tiene que sufragar usted, la víctima? Por cierto, eso es lo que ofrece el estado), de manera similar a la obligación de una agencia de seguros para con la víctima que posee una póliza. La diferencia esencial es que ahora las agencias estarían en libertad de perseguir a los ofensores, aprenderlos y obligarlos a restituir los daños causados por su actividad delictiva. Actualmente la agencia de seguros debe esperar que el estado persiga, capture y juzgue al criminal, en cuyo caso no se le obliga a compensar, sino que se le envía al encierro en la cárcel, donde mayormente los presos llevan vidas improductivas, nocivas, degradantes y peligrosas.

Conclusión

Cientos de personas mueren anualmente en las cárceles venezolanas, muchas de ellas quizás sin haber sido juzgadas. El sistema de justicia venezolano es una afrenta a la dignidad humana y más aun es incapaz de cumplir la función para la cual fue diseñado: impartir justicia y proteger al inocente. Estas fallas provienen de la naturaleza coerciva de dicho sistema, derivada de la errada creencia en doctrinas socialistas refutadas teóricamente por los intelectuales liberales desde ace mucho tiempo. La solución al problema carcelario y de justicia en el país pasa por abolir el monopolio que tiene el estado sobre la violencia legítima y las armas, sobre las labores de seguridad y defensa y sobre el sistema judicial. La solución, en resumen, consiste en crear un mercado plenamente libre de servicios de seguridad, defensa y justicia.

Sólo así podremos tener una sociedad más humana y justa.

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