No me malinterprete. Ud., ciudadano cumplidor de la ley y pagador de impuestos, tiene todo el derecho de protestar de que el Estado del cual Ud. es cliente no cumpla la principal función que se le acredita desde los tiempos de Hobbes.

Pero, ¿qué hacer cuando el Estado le preocupa más la inminente invasión gringa que la guerra asimétrica que se desenvuelve delante de nuestros ojos en las calles de las aglomeraciones urbanas, por no hablar de lo que sucede en el interior del país?

En el informe anual del 2004 de Provea, se encuentra un interesantísimo artículo dedicado a la seguridad ciudadana. En este reporte no sólo se encuentra que la inseguridad es la segunda mayor preocupación del venezolano después del desempleo, sino también opiniones que desmienten gran parte de las ideas recibidas sobre la correlación entre el porte de armas y la violencia en las calles:

Es reconocido que la presencia de armas de fuego no constituye, en sí misma, una causa de la violencia y la inseguridad ciudadana, sino un factor de riesgo.

Que una ONG especializada en derechos humanos reconozca esto me parece significativo.

Pero si Ud. es un lector asiduo de El Liberal Venezolano, probablemente ya sabía esto; el derecho a la vida implica el derecho a la justa defensa.

Más adelante, encontramos un fragmento que muestra la utilidad de las suspensiones de armas:

Resulta singular la medida de suspensión del porte de armas desde el viernes 05.03.04 hasta el domingo 15.03.04, iniciativa que no logró los resultados esperados, ya que se registraron 58 homicidios, cifra muy similar al comportamiento que venía mostrándose antes de la restricción indicada.

Y de postre, para qué sirven verdaderamente sus impuestos:

El viejo modelo de organización policial militar que persiste en Venezuela sigue siendo altamente jerarquizado y centralizado, más dirigido a garantizar el modelo de seguridad del Estado y no a la protección de los ciudadanos.