Todo comenzó, como ya usted sabe, con la Declaración de la Independencia. Los americanos expusieron su caso, tanto en cuanto a las desventajas impuestas sobre ellos por la Corona Británica, como en cuanto al tipo de gobierno bajo el cual consideraban apropiado que hombre libres vivieran.

La acusación fue rechazada y el asunto se dirimió en batalla. El dios de la guerra decidió en favor de los americanos, en lo que concernía a la remoción del nefasto gobierno; pero en cuanto el establecimiento de un gobierno que fuese de su agrado, los vencedores estaban solos. Nadie podía ayudarlos.

Ni siquiera la historia les podía sugerir algo, pues nunca había existido un sistema político construido u operando basado en los principios establecidos en la Declaración. Además, estos principios eran bastante metafísicos, completamente fuera del reino de la experiencia. Estos eran: (1) Que todos los hombres son creados iguales y (2) que todos los hombres son dotados de ciertos derechos inalienables. Cuando se piensa fríamente, ambos conceptos metafísicos son realmente uno solo. Pues el postulado de igualdad no se aplicaba a las capacidades o atributos humanos, los cuales son bastante dispares y mucho más allá de la esfera del gobierno, sino a al disfrute de los derechos o prerrogativas.

Con respecto a ello, los revolucionarios mantenían, todos los hombres deben ser considerados iguales. Esta era una base enteramente nueva para un gobierno. En toda la ciencia política conocida hasta entonces era un axioma que los derechos eran privilegios otorgados a los súbditos por el poder soberano; por lo tanto no había nada positivo en cuanto dichos derechos. Un nuevo rey o un nuevo parlamento podía abrogar derechos existentes o extenderlos a otros grupos o establecer favoritos distintos.

Sin embargo, los americanos insistieron en que en la naturaleza de las cosas, todos los derechos eran inherentes al individuo, en virtud de su existencia y que el gobierno era instituido con el único propósito de evitar que un ciudadano violara los derechos de otro. El poder soberano, decían ellos, reside en el individuo; el gobierno no es más que una agencia de la voluntad de aquél. Si fallara en cumplir con sus deberes apropiadamente o si el mismo presumiera los derechos del individuo, entonces lo moral es expulsarlo.

Pero el gobierno no es una abstracción; está formado por gente y la tendencia de toda la gente es a mejorar sus circunstancias con cualquier habilidad o capacidad que posea y en cualquier oportunidad que se le presente. El poder colocado en las manos de esta agencia —para hacer cumplir la igualdad de derechos— es en sí mismo una tentación de la cual sólo se salvan los santos.

En consecuencia, los Padres Fundadores, se enfrentaban a una difícil contradicción: siendo lo que el hombre es, es necesario un gobierno; y siendo el gobierno lo que es, el hombre debe ser protegido de éste. Su receta fue la Constitución. Independientemente de que el gobierno resultante cumpliera con la metafísica de la Declaración, la Constitución era, en cualquier caso, un patrón definido y cuando fue ratificada, se convirtió en el producto final de la revolución.

Que no quede duda, la Constitución se tomaba ciertos atajos en cuanto a la doctrina del derecho natural. Debemos recordar que era, después de todo, un instrumento político, preparado por hombres. Sólo en su preámbulo puede tal intstrumento servir a la moralidad, sus partes funcionales deben ser adaptadas a los intereses de los grupos dominantes en la sociedad y, por lo tanto, debe ser un compromiso; para lograr el compromiso la moralidad debe ser diluida. La Constitución no fue la excepción. La supuesta igualdad de derechos era distintivamente contraria al lucrativo tráfico de esclavos; los dueños de grandes haciendas se preguntaban como afectaría sus negocios; mercaderes y manufactureros la consideraban peligrosa para su posición preferida. Por ello, la constitución fue diseñada de tal forma que la doctrina no pudiera ser usada para trastornar el status quo.

Hubo muchos americanos que afirmaron que las ganancias de la revolución fueron liquidadas por la Constitución y debido a su insistencia se incluyó un acta de derechos.

La lucha social básica

Los Padres Fundadores lo hicieron bien. Poniendo a un lado lo que hubiese podido ser, la constitución sí hizo honor a la doctrina de los derechos naturales. Logró esto mediante la simple herramienta de colocar limitaciones y restricciones a los poderes del gobierno. A partir de sus documentos publicados aprendemos que la intención de los Padres Fundadores era evitar que los despreciados "demócratas" usaran dichos poderes para saquear al resto, en caso de llegar al poder. Ellos fueron bastante claros al respecto y no poco podría decirse a favor de su tesis. En años recientes, las "turbas" que ellos temían han subido al poder y los resultados parecen confirmar las afirmaciones de Madison, Adams y Hamilton.

Pero independientemente de sus argumentos y de sus intenciones, los grilletes constitucionales de hecho protegieron al pueblo, aunque tal vez sin querer, en el disfrute de sus adorados derechos.

De acá aprendemos una lección a la que se le restado poca atención en las ciencias sociales, a saber, que la verdadera lucha que perturba el disfrute de la vida no es entre clases económicas, sino entre la sociedad como un todo y el poder político que se impone a sí mismo sobre la sociedad. La teoría de la lucha de clases es una callejón sin salida. Es verdad, la gente con intereses económicos similares tiende a agruparse con el objetivo de tomar ventaja de otros. Pero dentro de estas clases existe tanta rivalidad como la que existe entre distintas clases económicas.

Sin embargo, cuando se examinan las ventajas que una clase obtiene sobre otras, se encuentra que la base de estas ventajas es el poder político. Es imposible que una persona explote a otra o que una clase explotea a otra, sin la ayuda de la ley y la fuerza necesaria para hacerla cumplir. Examine cualquier monopolio y lo encontrará descansando sobre el estado. Así que las injusticias económicas y sociales de las que nos quejamos no son debidas a las desigualdades económicas, sino a los medios políticos que crean dichas desigualdades.

Si ha de introducirse la paz en el orden social, no es acentuando una lucha de clases, sino restringiendo la causa básica de dicha lucha, a saber, el poder político. Para producir una condición de igualdad de derechos, que es una condición de la justicia, las manos del político deben estar atadas de tal manera que no pueda extender sus actividades más allá de del simple deber de proteger vida y propiedad, su única competencia.

En tanto los Padres Fundadores delimitaron los poderes del nuevo gobierno —mediante el sistema de división de poderes— realizaron un servicio social inestimable. Y en ese sentido aseguraron la victoria de la Revolución.

Por aproximadamente un siglo y medio el ciudadano americano disfrutó, principalmente, de tres inmunidades contra el estado: en relación a su propiedad; en relación a su persona; en relación a su pensamiento y expresión. La presión ejercida sobre el ciudadano era constante, pues en la búsqueda del poder el estado es implacable, pero el dique de la constitución se mantuvo firme y así se mantuvieron las inmunidades. Sólo en nuestra época el estado logró una ruptura vital de la Constitución y en poco tiempo el americano, sin importar su clasificación, fue reducido al estado de un súbdito, tal como lo era antes de 1776. Su ciudadanía se marchitó cuando la décimosexta enmienda substituyó a la Declaración de Independencia.

El impuesto sobre la renta destruyó completamente la inmunidad de la propiedad. De plano declara un derecho anterior del estado a todas las cosas producidas. Lo que le permite conservar al individuo es una concesión a la expediencia, de ninguna manera un derecho; pues el estado retiene la libertad de establecer alícuotas y fijar excenciones de año a año, de acuerdo a su conveniencia. Así, el sagrado derecho a la propiedad es violado y el hecho que es realizada pro forma no hace a la violación menos real que si fuese hecha arbitrariamente por un autócrata. Los espacios que tan comedidamente rellenamos [en los formularios] simplemente acentúan nuestra degradación al estado de súbditos.

A la demagogia le encanta enfatizar una distinción entre derechos humanos y derechos de propiedad. Dicha distinción es inválida y sólo sirve para atizar la envidia. El derecho a poseer es la marca de un hombre libre. El esclavo es esclavo simplemente porque se le niega ese derecho. Y debido a que el hombre libre está seguro de la posesión y disfrute de su producción, y el esclavo no, el estímulo para producir está en aquél y no en este. El hombre produce para satisfacer sus deseos y si su gratificación es reprimida, dejará de producir más allá del púnto límite; por otro lado, el único límite a sus aspitraciones es la libertad de disfrutar los frutos de su trabajo.

Ese hecho, enraizado profundamente en la naturaleza del hombre, explica el progreso de la civilización donde y cuando el derecho a la propiedad es reconocido y el retroceso que resulta de su negación. Los derechos de propiedad y los derechos humanos son más que complementarios, son idénticos.

El impuesto sobre la renta hizo más que revocar la inmunidad de la propiedad. Le dio al estado los medios para atacar efectivamente las inmunidades de la mente y la persona; transfiió al estado esa soberanía que, según la teoría americana, reside en el individuo. En el análisis final, la soberanía es una cuestión de dólares. Mientras más dólares [a disposición], mayor soberanía. El individuo deja de ser soberano cuando su subsistencia depende de una voluntad superior, cuando dicha voluntad se hace dominante por el poder económico tras de sí.

Los edictos del estado no se autocumplen, ya que carecen del apoyo voluntario de la opinión pública y, por lo tanto, son tan efectivos como el tamaño de la fuerza policial; pero esta fuerza policial debe ser pagada y ya que los pagos deben provenir de la propiedad de aquellos sobre quienes caen los edictos, no hay forma de resistirlos. Sin un FBI, la recluta militar —la cual viola la inmunidad de la persona— sería imposible; ésta fracasó durante la guerra civil simplemente porque Lincoln carecía de los fondos para mantener dicha agencia. La Ley de Espionaje —la cual violaba la inmunidad de la mente— hubiese sido un mero pedazo de papel si fuese por los pillos contrarados por el estado para hacerla cumplir.

Sobornando la Constitución

Además de lo anterior, la riqueza adquirida por el estado a expensas de los productores le permitió comprar su boleto a la soberanía. Los Padres Fundadores le colocaron una limitación al poder central al restringir claramente su ámbito, especificando que todas las demás prerrogativas, con o sin nombre, residirán en las mancomunidades autónomas que lo componen. Ellos sabían lo que una autoridad lejana y autosuficiente le podía hacer a la libertad humana y buscaron evitar ese peligro haciendo al gobierno local depositario de todos los poderes no especificados; y no es que el político local sea diferente en el fondo al político nacional, sino que su proximidad al pueblo lo hace más sensible a la voluntad de este.

Sin embargo, con la llegada del impuesto sobre la renta, este seguro perdió todo su significado, porque a partir de ese momento el político local estaba cada vez menos bajo la obligación hacia sus electores y por el otro lado, estos cayeron bajo su responsabilidad por la capacidad del político de repartir regalos derivados de las subvenciones nacionales, para las que no entregó nada más que la dignidad investida en él por la Constitución. Su preferencia política es en gran medida un asunto de administrar las dádivas estatales. El ciudadano americano ya no considera a su gobierno local como algo más que una agencia del estado central.

Así, la federación origial —la Unión— ha sido sucedida de hecho por un poder único y centralizado y el ciudadano de la mancomunidad se ha convertido en un súbdito de dicho poder. El impuesto sobre la renta hizo todo esto posible, de hecho, inevitable.

La transmutación de la Constitución por medio de sobornos también ha sido lograda por canales privados. El impuesto sobre la renta ha convertido al estado en el comprador invididual más grande en el país y, como el cliente siempre tiene la razón, es impensable que los recipientes de sus dádivas se opusieran al estado en cualquier asunto de importancia para sus fines. Subsidios a la agricultura, la educación y a la prensa han sido complementados con regalos a variados grupos de presión, todos facilitando el desplazamiento de la soberanía del individuo hacia el estado. Y para rematarlo todo, el capital absorbido por el estado por medio del impuesto sobre la renta lo ha convertido en un negocio de grandes proporciones, de manera que ahora el estado es el mayor patrono de la nación. La lealtad a un jefe con este potencial da lugar a una libertad de conciencia bastante peculiar.

Pérdida del ansia de libertad

Nuestros ancestros no eran ignorantes de la relación inversa entre impuestos y libertad. Su experiencia con con la Corona Británica estaba aun fresca cuando los Padres Fundadores salieron con la Constitución y por ello escudriñaron sus disposiciones tributarias con el mayor de los cuidados. Prácticamente el único poder fiscal generalmente concedido a la autoridad federal era un impuesto a las importaciones. Hamilton sabía que esto apenas alcanzaría para mantener el sistema de gobierno contemplado en la Constitución y suplicó con gran perspicacia por el derecho a imponer un tributo al consumo interno. Su argumento triunfó, pero sólo porque, como él señaló, sin este impuesto el gobierno se vería obligado a pedir lo impensable: un impuesto a las tierras o un impuesto sobre la renta.

Y hasta 1913 el sistema federal tuvo que subsistir de la mejor manera posible de los aranceles de importación y unos poco impuestos al consumo. Su soberanía estuvo de esa manera contenida.

En 1913 la relación entre el estado y la sociedad fue invertida. Áreas que hasta entonces habían sido consideradas en el dominio privado, tierra sagrada por así decirlo, eran entonces invadidas por el arrogante y enriquecido estado y en menos de treinta años el individuo se hallaba arrinconado de tal manera que ni su alma tenía espacio para moverse. Su posición era mucho peor que en 1776; a cambio de un impuesto sobre la renta, el rey Jorge III habría aceptado todos y cada una de las acusaciones que le hacían los colonos y hasta habría hecho penitencia por los pecados del pasado. Pero, así era el caracter de esos americanos, que le desafiaron en batalla porque presumió imponerles un miserable impuesto al té. Lo que los colonos ganaron en Yorktown lo pedieron sus descendientes ciento treinta y dos años después.

Si las actitudes de la actual generación de americanos fuese comparable con la de sus antecesores, sería necesaria una nueva resolución, para ganar de nuevo las ventajas ganadas por la primera. Hoy en día hay mucha más justificación de la que había en 1776. Pero las gentes no hacen lo que la razón les dicta; ellas hacen lo que su temperamento les impulsa a hacer. Y el temperamente americano de los años '50 es flácidamente plácido, servil y completamente sin sentido de libertad; ha sido moldeado a esa condición por las consecuencias de la décimo sexta enmienda. Somos americanos geográficamente, pero no en la tradición. En las presentes circunstancias, un regreso a las garantías constitucionales tendrá que esperar por un milagro.

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