Si usted cree en la propaganda oficial opositora, probablemente piense que los radiodifusores venezolanos son paladines de la libertad. Hace un año, por ejemplo, todos vimos como los empresarios de los medios de comunicación se unían en su condena ante la medida gubernamental de revocación de la concesión de RCTV. Y la Cámara Venezoalana de la Radiodifusión, en su más reciente editorial califica la medida como un atentado a la libertad de expresión:

Ciertamente cuando se señala que con este hecho se quebrantó la libertad de expresión, a muchos le suena paradójico por cuanto en el país aún ésta existe. Sin embargo, si se analiza desde la óptica de que tal medida supuso la reducción del medio televisivo privado, ese que llega con su señal abierta a las masas y con ello se favoreció la “hegemonía comunicacional”, declarada reiteradamente desde las altas esferas del gobierno, entonces el caso RCTV adquiere la dimensión de un acto que hirió esa libertad.

Sin embargo, los empresarios de la radiodifusión se preocupan de la libertad de expresión de ellos, es decir, de los miembros del cartel oligopolista creado por el sistema de concesiones. La libertad de expresión de sus actuales y potenciales competidores puede irse a la basura en cualquier momento. Prueba de esta afirmación es el llamado que hace la Cámara Venezolana de la Radiodifusión al gobierno para que este actúe más firmemente en la represión de las emisores de radio ilegales, según informa el Diario El Tiempo,

Aseguró este jueves el presidente de la Cámara Venezolana de la Radiodifusión, Nelson Berfort, que el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ha tomado algunas medidas para cerrar algunas emisoras ilegales, pero no ha hecho lo suficiente para ponerle fin al problema.

A mismo tiempo, las emisoras ilegales, nos dice el Sr. Belfort, han ocupado el espectro radioeléctrico que bien podrían utilizar emisoras privadas, comunitarias o estadales, sin ningún tipo de orden, tratándose de un espectro que debe administrar Conatel

Si este fuese un problema de interferencia radioeléctrica, no hace falta pedir la represión de las "emisoras ilegales" en general. Bastaría con pedir que las cortes hagan cumplir los derechos de propiedad ya establecidos sobre el espectro. Una emisora que interfiere con la señal de otra establecida previa y legítimamente debe ser tratada como invasora de la propiedad de ésta, de la misma manera que es tratada una persona que ingresa sin ser invitada a un terreno y perturba las actividades del propietario. El delincuente debe ser obligado a cesar en sus actividades y a compensar a la víctima por los daños causados.

Pero la actividad de las emisoras "ilegales" es ilegal solamente porque estas no han pedido permiso a CONATEL para emitir señales radioeléctricas. En tanto estas emisoras no interfieran con la señal de otras, sus actividades son completamente legítimas y este pareciera ser el caso, pues el Sr. Belfort se queja porque, según él, el espectro usado por las emisoras ilegales bien podría ser utilizado por las emisoras que su cartel representa (si el problema fuese de interferencia, esto no sería posible, ¿verdad?).

Lo que tenemos acá es un simple caso de un cartel de "empresarios" que quiere limitar la competencia por parte de actores más pequeños y que no están dispuestos a "afiliarse" a su cartel, ya sea porque no tienen los medios necesarios para ello o porque no quieren apegarse a sus directrices. Si el Sr. Belfort y sus representados están interesados en la verdadera libertad de expresión, lo que deben hacer es pedir y luchar por la abolición del pernicioso sistema de concesiones.

Algunos estudiantes están más claros en este aspecto que los mismos empresarios defensores de la libertad de expresión.

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