Es bastante probable que usted haya escuchado las quejas de la gente en cuanto a que los precios de ciertos productos no son "justos". Si la queja proviene de un productor, normalmente el precio de su producto será "injustamente" bajo. Si la queja proviene de un consumidor, normalmente el precio será "injustamente" alto. La realidad es que naturalmente todos queremos que los precios de lo que vendemos (incluido nuestro trabajo) sean tan altos como sea posible, mientras que los precios de todo lo que compramos sean tan bajos como sea posible.

Lo que son precios altos para unos, son precios bajos para otros. ¿Cómo resolver este aparente conflicto? Como bien explica Jeffrey Tucker, la fijación de precios en una sociedad libre no es una cuestión de justicia, sino de libre albedrío. El conflicto se resuelve de acuerdo a la libre elección de ambas partes involucradas en cada intercambio. El precio es establecido a un nivel al cual la cantidad de dinero solicitada por el vendedor es menos valiosa para mí (comprador) que el producto que deseo obtener. Ese es el mismo nivel al cual la cantidad de dinero solicitada por el vendedor es más valiosa para él que el producto que este entrega.

La políticas gubernamentales cuyo objetivos es fijar precios interrumpen este libre y pacífico proceso y logra, entre otras cosas, beneficiar temporalmente a un grupo de personas a costa de otro grupo de personas.

Por ejemplo, cuando el gobierno fija el precio de la carne por debajo del nivel que sería fijado en el mercado libre, aparentemente los consumidores de carne son beneficiados, mientras los productores de carne son perjudicados. Este beneficio es temporal en el mejor de los casos. Por un corto período de tiempo los consumidores pueden comprar carne más barata. Pero al bajar los precios, el gobierno estimula la demanda artificialmente y al no haber suficientes incentivos (ganancias) para producir más carne, inevitablemente se produce la escasez.

Algo similar sucede cuando el gobierno fija precios "justos" por encima del nivel de mercado libre. Por ejemplo, cuando el gobierno establece precios mínimos para un bien tan común como el trabajo. Al fijar un salario mínimo, los trabajadores que ya están empleados se benefician por corto período de tiempo, a costa de los trabajadores que están desempleados, quienes no pueden conseguir trabajo pues los empresarios tienen prohibido pagar salarios más bajos al salario mínimo. Si la productividad marginal del potencial trabajador está por debajo del salario mínimo, este no será contratado a menos que el empresario desee incurrir en pérdidas. En consecuencia el desempleo aumenta, es decir, se produce un exceso artificial de trabajadores disponibles. Estos desempleados se convierten entonces en una carga que los trabajadores empleados deben llevar sobre sus hombres. A largo plazo todos salen perjudicados.

En consecuencia, la mejor política es dejar la fijación de precios al libre mercado, es decir, a la interacción libre de compradores y vendedores.

Esa es la única forma en la que podemos preservar nuestra libertad y prosperar económicamente al mismo tiempo.

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