Cuando el ejecutivo nacional se ve en la necesidad de intervenir en asuntos tan locales como los problemas de los transportistas de la capital o la atención de los niños en los barrios, no debería sorprenderle a nadie que pocas cosas funcionen como debe ser en Venezuela.

Y no debería sorprender porque, después de todo, todos conocemos el viejo dicho: el que mucho abarca, poco aprieta.

Durante lo que ya pronto será una década de gobierno chavecista, el síndrome del centralismo se ha agudizado mucho más allá de lo que cualquier adeco jamás soñara. Y esa es una de las causas del fracaso rotundo de la llamada "revolución bolivariana".

Pues mientras más se aleja el centro de toma de decisiones de la fuente de los problemas, más difícil se hace encontrar soluciones apropiadas. Un presidente, un rey o un dictador, por muy bueno que sea y por muy inteligente que sea, es incapaz de encontrar soluciones a los conflictos que emergen continuamente en una sociedad compleja de más de 20 millones de habitantes. Quizás en una comuna con 100 habitantes, un modelo de poder centralizado pordría funcionar. Pero ciertamente no en una economía industrial moderna caracterizada por la división del trabajo.

No, en caso que aceptemos la necesidad de la existencia del estado como institución social (y no, no todos estamos convencidos de que el estado deba existir), el gobierno debería estar confinado a hacer una sola cosa: a proteger la vida y la propiedad de los ciudadanos contra ataques externos (invasiones) y agresores internos (criminales comunes). El resto debería ser delegado a la responsabilidad de los individuos por su propia cuenta, o asociados libremente de acuerdo a sus propios intereses.

En el contexto venezolano actual esto significaría una transferencia de todas las funciones propias del estado, excepto las de seguridad externa, a los gobiernos regionales. A este nivel también podemos argumentar que los gobiernos estatales estarían hipertrofiados, por lo que estos deberían transferir la mayor cantidad de funciones a los municipios y estos a las parroquias. Mientras que las funciones que el estado lleva a cabo imperfectamente en la actualidad y que no le son propias, serían pasadas por completo a manos privadas, es decir, al control de la gente común y corriente, asociada para tales fines libremente.

Con una descentralización radical del poder como la que acá se propone, las instituciones creadas para satisfacer las necesidades humanas serían más sensibles y receptivas a las demandas de sus clientes (pues no podrían echarle la culpa al gobierno central de que las cosas no funcionen). Además de esto, habría una amplia variedad de arreglos institucionales y una gran medida de experimentación. No hay razón para presumir que las soluciones o instituciones que los habitantes de Guacara implementen deban ser las mismas que las implementadas por los habitantes de El Tocuyo o de San Cristóbal.

Ciertamente se puede argumentar mucho a favor de la descentralización y en contra del centralismo predominante en Venezuela por cincuenta años, pero el mejor beneficio de la primera quizás sea la desapareición de la necesidad de tener que viajar hasta Miraflores y mendigar por el tiempo del presidente para que sus penurias sean escuchadas al más alto nivel.

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