CADIVI, el organismo del estado encargado de decidir quién puede comprar dólares y quién no, ha "suspendido" temporalmente de su sistema a casi 48.000 personas. Esto quiere decir que estas 48 mil personas no podrán adquirir divisas de manera legal al precio fijado por el gobierno nacional de 2,15 BsF por dólar y tendrán que recurrir al mercado paralelo de divisas.

¿Qué delito cometieron estas 48 mil personas?

Ninguno. Al menos ningún delito que CADIVI pueda demostrar. En Venezuela, cuando se habla de divisas y el dólar usted es culpable hasta que logre probar que es inocente. Esto es precisamente al contrario del venerable principio de la presunción de inocencia.

Cuando usted adquiere divisas por los canales oficiales usted está obligado a demostrar que ha usado las divisas correctamente, es decir, de la forma aprobada por el gobierno.

Debería ser al contrario, claro. El estado debería demostrar que usted rompió la ley antes de prohibirle adquirir divisas. Pero en Venezuela están en medio de una "revolución" y para una revolución no hay principios que valgan, excepto el principio de "el fin justifica los medios". Y este caso el fin es el control absoluto del flujo de divisas y la condenación de los venezolanos a tener que usar "bolívares fuertes" en contínua e inevitable devaluación.

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