En mi primer análisis de la decisión del tribunal revolucionario de justicia sobre las inhabilitaciones políticas, afirmé que la cuestión constitucional era bastante clara, porque según el artículo 65 de la constitución quienes no pueden optar a cargos públicos son aquellos que han sido condenados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo al artículo 42 de la misma, solamente se pierden los derechos políticos mediante sentencias judicialmente firmes. Ya que el Contralor Revolucionario no es ningún juez, según la misma constitución, este no puede inhabilitar a nadie.

Pero como la constitución no se hace cumplir, ni se interpreta a sí misma, siempre que el estado se enfrente a un individuo, los jueces tendrán la tendencia a fallar a favor del estado —pues los jueces no son más que empleados del estado— interpretando la constitución de la manera más amplia y laxa, de manera que a medida que pasa el tiempo los poderes del estado se van expandiendo hasta convertirlo en un estado totalitario. Todo esto fue previsto por pensadores liberales durante el siglo XIX, uno de los cuales fue el político de Carolina del Sur, John Caldwell Calhoun.

Ahora bien, lo que yo escribí hace dos días era una impresión preliminar, pues el tribunal revolucionario no había publicado el texto completo de la ponencia del magistrado camarada Arcadio Delgado Rosales, que ya está disponible y que nos permite confirmar completamente lo que dije hace dos días.

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¿Qué me respondería usted si yo le dijera que la decisión del Tribunal Revolucionario de Justicia afirmando la constitucionalidad del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República fue predicha en 1851 por un político estadounidense llamado John Caldwell Calhoun? Seguramente usted diría que yo estoy desvariando y se me soltó alguna tuerca en la cabeza.

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La Corte Suprema de los Estados Unidos publicó ayer su decisión en la demanda contra la ley anti-armas de Washington D.C. y afirmó explícitamente por primera vez en la historia el derecho individual a poseer armas, que la segunda enmienda a la Constitución le reconoce a los ciudadanos estadounidenses:

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