Aunque aun no ha llegado a su desenlace, el caso del periodista Walter Martínez, hasta hace poco conductor del programa Dossier, tiene una lección profunda que enseñarnos: sin propiedad privada no hay libertad de expresión.

Hagamos primero un resumen de los hechos, para luego sustentar esta radical afirmación. El periodista, en un arranque de sinceridad inesperada denuncia que no lo dejaron ir a la ONU a cubrir los eventos de la Asamblea General de la caricatura de Gobierno Mundial y que está cansado, junto con otras personas, de los chavecistas que usan su posición para robar los dinero públicos. Tal despliegue de claridad le valió la salida del aire de su famoso programa. Luego, el mismo presidente lo manda a callar (a él y a todos los que se atrevieran a hablar sin saber lo que el presidente sabe) y el famoso periodista aparentemente acata la orden de su comandante, no sin antes aclarar que intentará mostrarle las pruebas de su denuncia.

Digamos que la blogósfera venezolana ha reaccionado ante tal evento de la manera que uno podría esperar de quienes hacen uso de su libertad de expresión, con los matices inevitables claro está. Incluso hay una figurita, un banner, circulando para afirmar nuestra adherencia a tal principio. Todo eso está muy bien. Pero hasta ahora no he leído a nadie afirmando lo que acá afirmamos, y que en mi opinión es el punto fundamental de la discusión: sin propiedad privada no puede haber libertad de expresión.

Veamos el por qué de tan radical afirmación. Para la realización de cualquier actividad es necesario que la persona tenga control sobre determinados recursos escasos. Para empezar, para que usted ejerza su libertad de expresión, usted debe ser capaz de ocupar un lugar en el espacio, un terreno o instalación. Además de eso, usted necesita un medio a través del cual transmitir su mensaje -una imprenta, una red de computadoras o las ondas hertzianas. Finalmente, es necesario que los potenciales receptores del mensaje que usted quiere comunicar tengan acceso y controlen los medios tecnológicos apropiados para, precisamente, recibir adecuadamente dicho mensaje. Todos estos recursos son finitos; es un hecho de la naturaleza, por ejemplo, que dos personas no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo o que el papel que es usado para imprimir El Universal no puede ser usado para imprimir el Diario Vea. Entonces, quien controla los recursos tiene el poder de decidir qué se transmite y que no a través de ellos o con su ayuda. Elemental, ¿no?

Una vez que esta idea es comprendida a cabalidad, se puede ver más claramente que sólo en un marco en el cual la propiedad privada es reconocida y protegida debidamente, la libertad de expresión puede florecer. En dicho ambiente, cada propietario fija su línea editorial o política informativa y contrata en el mercado laboral a quienes piense que pueden realizar de la mejor manera posible la labor de desarrollar y promocionar dicha línea editorial. Obviamente, pocos dueños de medios tolerarán a periodistas que contravengan la línea editorial. Eso es claro y normal, además. Después de todo, usted no le paga a su vecino para que vaya a su propia casa (la de usted) a hablar mal de su familia (la de usted, nuevamente). El concepto de propiedad es excluyente, lo que es mío no es suyo y cualquier definición de propiedad sobre un determinado recurso debe incluir el poder de controlar dicho recurso. Nada de qué preocuparse, sin embargo. En un mercado completamente libre en los medios, presumiblemente existirían tantas líneas editoriales como sea exigido por los consumidores, de manera que se satisfagan los distintos gustos y necesidades, desde la persona que sólo quiere superficialidades, hasta el que quiere el análisis más sesudo. El expulsado Walter Martínez podría conseguir trabajo rápidamente en otro canal que capture la oportunidad de ofrecer sus servicios como analista internacional o denunciante de oficio de boínas rojas descarriadas, siempre y cuando el empresario considere que el público demandas la presencia del experto, como parece ser de acuerdo a las varias protestas públicas que se han hecho demandando el retorno del comentarista a la programación regular de VTV. El emprendedor que juzgue correctamente las necesidades del público verá su televidencia aumentar, y en consecuencia sus ganancias por publicidad (o por subscripción, en el caso de canales pagos); mientras que el emprendedor que falle en apreciar las necesidades del público experimentará el efecto contrario y generará, por tanto, pérdidas que, de ser sostenidas, lo podrían llevar a la quiebra. De manera que el emprededor, si bien es soberano para tomar sus decisiones, también es responsable por ellas y lleva en sus hombros los costos de sus errores.

Contraste la situación antes esbozada con la situación actual de medios estatales por un lado y cuasi-privados por el otro. Digo 'cuasi-privados' porque los canales comerciales disfrutan de ciertas prebendas otorgadas por el estado -principalmente protección de la entrada de nuevos competidores- a cambio de tener que cumplir con las regulaciones que el gobierno crea pertinentes en cuanto a programación y otros aspectos de su funcionamiento. El señor Martínez trabajaba para el canal Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos (al menos así decía el eslógan alguna vez). Siendo de todos los venezolanos, uno esperaría que las decisiones respecto a lo que allí se transmite reflejen las preferencias de todos los venezolanos. Pero eso es imposible, puesto que para lograr tal cosa sería necesario consultar a cada venezolano sobre todas las decisiones respecto a la programación, y no sólo eso, sino que todos los venezolanos tendrían que estar de acuerdo. Y aun en el caso en que se hiciera un referéndum para decidir si Walter Martínez debe continuar con su Dossier, los que votaran en contra de la decisión mayoritaria quedarían insatisfechos, aunque tendrían que seguir pagando parte del sueldo del Sr. Martínez.

Cuando Walter Martínez dijo lo que dijo y metió el dedo en la roncha de algún poderoso, se decidió en las cúpulas del gobierno que su programa debía cesar inmediatamente, a pesar de existir sectores que quisieran la continuación del mismo. Pero cualquier decisión que tome el gobierno al respecto es completamente arbitraria, puesto que inevitablemente creará conflicto entre complacidos e ignorados, ambos con un derecho legítimo a ser escuchados, puesto que pase lo que pase todos están obligados a pagar los impuestos que sirven para financiar el funcionamiento de la televisora estatal.

Sólo el marco de un sistema que reconozca y defienda los derechos de propiedad, es decir, sólo en un régimen liberal libertario, es posible la existencia irrestricta de la libertad de expresión. Por tanto, una defensa de esta última, sin ser acompañada de una defensa irreductible e intransigente de la propiedad privada es futil e inefectiva. Libertad de expresión sin propiedad privada requeriría de gobernantes con cualidades angelicales, una especie que no creo que sea fácil encontrar.

Esa es la lección de todo este asunto.

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