El artículo 82 de la Constitución
dice que:

«Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada,
segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que
incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares,
vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho
es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el
Estado en todos sus ámbitos.»

Ahora bien, ¿realmente tenemos "derecho" a una vivienda? Un derecho
es aquello que podemos hacer sin pedir permiso a nadie, algo que por
nuestra propia naturaleza está inextricablemente ligado a nosotros y
sin lo cual dejaríamos de ser seres humanos. Por ejemplo, cada persona
tiene el derecho a defender su vida y su propiedad, ya que por
definición cada persona es dueña de sí misma y de su vida. Si
yo no soy dueño de mí mismo, se sigue que alguien más lo es, con lo
cual no soy más que un esclavo. De manera que si soy dueño de mí
mismo, entonces debo estar en capacidad de defenderme de cualquier
agresión que ponga en peligro mi existencia. Si mi derecho a la vida
depende de que alguien esté dispuesto a salvarme (léase la policía),
entonces tal derecho deja de tener efectvidad alguna y se convierte
en letra muerta, como en efecto sucede diariamente en los barrios de
Caracas y otras ciudades de Venezuela.

El supuesto derecho a la vivienda que consagra la Constitución es
esencialmente diferente, ya que implica la imposición de
responsabilidades a personas ajenas a mí. Por ejemplo, yo puedo exigir
que se respete mi vida y defenderla a capa y espada, sin tener que
obligar a otra persona a que me ayude, porque de hacerlo, estaría
violando el derecho de esa persona de vivir libre de coerción. Pero si
no tengo casa, ¿cómo hago para hacer valer mi derecho a poseer una?
Siendo que la «satisfacción progresiva de este derecho es obligación
compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado...» se
concluye que tengo que recurrir al Estado para que me proporcione una
casa. ¿Y de dónde saca las casas el Estado? Para cumplir con su
promesa de vivienda para todos, el Estado tiene que hacer que otros
paguen lo que yo no puedo pagar. Recuérdese que los ingresos fiscales
por concepto de renta petrolera sólo alcanzan para pagar la mitad de
todos los gastos del gobierno. La otra mitad tiene que ser expropiada
violentamente a lo ciudadanos productivos, a través de impuestos.
De manera que al pedirle al Estado que cumpla su promesa de darme
casa, básicamente lo que le estoy pidiendo es que robe por mí.

El mismo argumento es válido para el resto de los mal llamados
"derechos sociales", supuestos derechos que no pueden hacerse
valer, a menos que forcemos a otros a pagar la cuenta, por lo cual no
son derechos, sino más bien privilegios otorgados por el Estado
repartidor de riqueza.

Si aceptáramos la existencia de tales derechos, estaríamos
aceptando el concepto de que por alguna razón -usualmente porque la
myoría piensa que debería ser así- tenemos el derecho a disfrutar el
producto del trabajo de otros, es decir, a convertirlos en esclavos.

Un atraco es un atraco, aunque sea perpetrado por la sacrosanta
"mayoría".